Se constata el desequilibrio territorial en la implantación del vehículo eléctrico, ya que más del 90% del crecimiento registrado en el último año se ha producido en zonas no rurales
El informe pone de relieve la necesidad de una mayor información para el acceso a los recursos públicos, ya que solo 8 de cada 100 empresas y 1 de cada 100 hogares rurales han solicitado ayudas de los Fondos Europeos Next Generation
El Observatorio muestra una evolución positiva en el desarrollo del autoconsumo en las zonas rurales, donde el 34% de las empresas y el 8% de los hogares rurales disponen de autoconsumo en sus propiedades.
A pesar de la contribución del medio rural a la descarbonización, la transición energética progresa a un ritmo más lento del deseado en este ámbito. Esta es una de las principales conclusiones que se desprende de la segunda edición del Observatorio de Descarbonización Rural, promovido por CIDE, asociación que engloba a 190 compañías distribuidoras de energía eléctrica. Entre los principales frenos, el informe destaca el lento avance en ejes estratégicos como el vehículo eléctrico o el almacenamiento eléctrico, así como la complejidad en el acceso a las ayudas.
“Asistimos a una evolución de la transición energética en dos velocidades, situando en un segundo plano al medio rural. Cabe recordar la pertinente promesa de “no dejar a nadie atrás” en este camino. No nos lo podemos permitir, porque el medio rural contribuye de forma activa a la descarbonización a nivel nacional y, sin embargo, no está percibiendo el retorno por parte de la sociedad. La transición ecológica puede ser, y ha de ser, una oportunidad para el mundo rural”, ha afirmado Gerardo Cuerva, presidente de CIDE, quien ha añadido que “este análisis cobra especial importancia en el actual contexto de crisis energética, en el que hay que tener en cuenta a las redes, necesarias para que la transición se lleve a cabo, y en el que es más necesario que nunca un entorno regulatorio predecible, estable y flexible”.
Por segundo año, el Observatorio, realizado en colaboración con la consultora Deloitte, ha sido presentado en un acto que ha contado con la asistencia de más de 100 profesionales, representantes de la administración y asociaciones sectoriales. La edición 2022 viene a constatar un desarrollo desigual de la transición energética entre el ámbito rural y el urbano, que se reproduce en los distintos ecosistemas analizados: la concienciación y cohesión ciudadana, el grado de desarrollo del vehículo eléctrico, el autoconsumo, el almacenamiento eléctrico, la electrificación y eficiencia de otros usos energéticos y la generación eléctrica libre de emisiones.
Complejidad de acceso a las ayudas
En la comparativa anual, la preocupación por la descarbonización ha disminuido en las zonas rurales, hecho más pronunciado en el ámbito empresarial. De esta manera, 2 de cada 3 hogares rurales no participa activamente en medidas para la reducción de la huella de carbono, mientras que las empresas rurales que no participan suman el 98% del total. Entre las causas, se apunta a un grado de desinformación relevante sobre los consumos eléctricos, donde el 65% de los hogares y el 52% de las empresas rurales afirma no comprender el incremento en la factura eléctrica del último año. Por otro lado, a pesar del gran volumen de recursos disponibles para lograr los objetivos climáticos de descarbonización y el esfuerzo en su divulgación, solo 8 de cada 100 empresas rurales han solicitado una ayuda relacionada con los Fondos Europeos Next Generation, siendo apenas el 1 de cada 100 en el caso de los hogares rurales.
Brecha en la red pública de recarga
Con relación a la descarbonización del transporte, el informe también pone de manifiesto el desequilibrio territorial en la implantación del vehículo eléctrico. Durante el año 2021, a nivel nacional, ha aumentado el número de vehículos eléctricos en aproximadamente 37.000 unidades, hasta alcanzar 162.000. Sin embargo, más del 90% de ese crecimiento se ha producido en zonas no rurales.
Una inadecuada percepción sobre los beneficios de su uso, el mayor coste inicial frente a un vehículo convencional y la falta de una infraestructura de recarga pública estarían frenando el despliegue del vehículo eléctrico, y limitándolo aún más en las zonas rurales. Actualmente solo el 29% de los encuestados rurales dispone de recarga pública cercana a su vivienda. En general y aunque se espera que el crecimiento de los vehículos eléctricos continúe durante el 2022, la cifra se mantiene muy por debajo del objetivo de cinco millones establecido por el Gobierno para el año 2030.
Impulso del autoconsumo, el almacenamiento y las comunidades energéticas
El contexto económico actual en Europa, marcado por la escalada de precios pone de relevancia el autoconsumo y el despliegue de comunidades energéticas. Respecto al año pasado, existe una evolución positiva en el desarrollo del autoconsumo en las zonas rurales. En particular, el 34% de las empresas y el 8% de los hogares rurales disponen de autoconsumo en sus propiedades. En lo que concierne a la intención de instalarlo en los próximos años, esta se ha incrementado sensiblemente, especialmente en el entorno empresarial. Esta tendencia positiva aún tiene recorrido para su crecimiento, en especial en los hogares rurales. Para que esto ocurra se requiere de medidas de impulso, especialmente destinadas a facilitar el acceso a los mecanismos habilitados desde el Gobierno. Otros obstáculos para el autoconsumo se corresponden con las barreras económicas por las rentas más bajas en las zonas rurales respecto a las zonas urbanas o metropolitanas. El Observatorio aporta también una radiografía del almacenamiento eléctrico, aspecto en el que el grado de penetración en los hogares rurales en 2022 permanece constante respecto a 2021, sin llegar a revelarse como una opción a tener en consideración por los consumidores en el medio rural.
En cuanto a la generación eléctrica libre de emisiones, continúa también la tendencia de años anteriores, y la potencia instalada de energía renovable ubicada en el medio rural se mantiene en un 87% con respecto a la potencia renovable instalada en el resto del país. Asimismo, en términos de energía, el consumo de energía renovable de origen rural en España representó en 2021 el 40% de la energía consumida, con un crecimiento del 2% con respecto al 2020 y un 8% en comparación con 2019. En este sentido, aumenta en un 8% su contribución a la reducción de la huella de carbono respecto al año anterior, lo que equivale al 16% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero totales de España durante el mismo año. Así, las instalaciones de generación renovable en el ámbito rural han llegado a evitar 44 millones de toneladas de CO2 equivalentes durante el año 2021.
Por último, el informe aporta en su capítulo Conclusiones, recomendaciones y propone soluciones concretas basada en datos y cifras para cambiar la tendencia.
